EscucharEn el caso de la demanda de una empresaria hondureña contra el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, las partes difieren sobre la existencia de un tercer involucrado.
Dulce María Mejía Cosco, gerente general de SMG Comercial S. A., denunció que la fiduciaria costarricense ATA Trust Company S. A., de la cual el ministro era presidente, se niega a devolverle $4 millones que su compañía le había entregado en custodia desde setiembre del 2021. La Fiscalía tramita el caso como una supuesta administración fraudulenta.
El jueves, la fiduciaria argumentó que solamente puede liberar el dinero con la autorización y la instrucción de todas las partes, y “nunca de forma independiente o sin instrucción de las partes”.
Al respecto, la empresa hondureña respondió que ella es la única parte involucrada en el contrato de custodia, por lo que no entiende a qué se refiere ATA Trust al hablar de “todas las partes”.
Rogelio Ramírez, abogado de la hondureña, negó que exista un tercero. Aseguró que, en el contrato de fideicomiso, nunca se consignó la existencia de un beneficiario que no fuera su propio dueño, SMG Comercial.
Ramírez denunció que el bufete que representa a ese supuesto tercero es Lexincorp, firma en la que trabajó el canciller Arnoldo André y en la que laboran su hijo Philip André Sánchez, y su socio, Alonso Vargas Araya.
No obstante, mediante un comunicado de prensa, la empresa ATA Trust insistió en que existe un conflicto entre intervinientes, aunque no citó cuál es la otra parte. Agregó que el dinero se encuentra totalmente disponible y debidamente custodiado.
“Tomando en cuenta que entre ambas partes no hay acuerdo sobre las instrucciones del desembolso, el contrato de depósito y custodia obliga a ATA Trust a no entregar los dineros a ninguna de las partes”, dice la nota de prensa.
La fiduciaria alegó que solo quedan las opciones de una orden arbitral o una judicial. “ATA Trust ha invitado reiteradas veces a ambas partes a iniciar dicho proceso para poder entregar los fondos, sin que a la fecha ninguna de ellas lo haya iniciado”, detalló la empresa en el comunicado.
Empresa de Honduras: ‘Ese tercero no existe’
La empresa representada por Dulce María Mejía sostiene en que ese supuesto tercer beneficiario del capital no existe, al grado de que ni está siquiera mencionado en el contrato de custodia.
“El contrato fue expresamente de custodia de fondos. En ningún momento, se firmó la designación de beneficiarios, ni se autorizó el uso del dinero más allá de lo expresamente instruido por nosotros como fideicomitentes”, indicó la empresaria hondureña en su denuncia.
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SMG comercial también cuestionó que el bufete que defiende al supuesto beneficiario está integrado por los mismos representantes de la fiduciaria que se niega a devolver los recursos, de los cuales solo quedan $3,8 millones, luego de pagar al inicio de la custodia, los honorarios de ATA Trust.
Ante la Fiscalía General, la empresaria hondureña señaló que, debido a la negativa de la fiduciaria a entregar el dinero y los indicios de un supuesto uso indebido de sus fondos para otros fines diferentes a los instruidos por ella, se vio obligada a acudir al Ministerio Público.
“ATA Trust ha retenido el dinero sin justificación válida, ha incumplido el contrato y ha violado su deber de fiduciario. Como resultado, nuestra empresa ha sufrido un perjuicio económico muy grave. Hemos perdido oportunidades de inversión y tuvimos que recurrir a fuentes de financiamiento externas para poder continuar con nuestras operaciones”, puntualizó Mejía.
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A raíz de la denuncia penal que se hizo pública, la fiduciaria comunicó que no se va a referir a otros detalles del caso, por la cláusula obligatoria de confidencialidad del contrato.
“Rechazamos toda insinuación maliciosa hecha en contra de la empresa y sus representantes, y nos reservamos el derecho de accionar contra los responsables por las difamaciones y calumnias expresadas”, alegó la empresa.
