EscucharEl jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández, presentó, a 11 meses de que termine esta administración, un documento con su plan de trabajo dividido en ejes que comprenden desde la enseñanza de matemáticas y lectoescritura hasta bilingüismo e infraestructura educativa.
Esta hoja de ruta llega tres años tarde, pues la exministra Anna Katharina Müller solamente hizo pública una presentación con un listado de hitos de su llamada Ruta de la Educación.
Sánchez Hernández, quien asumió como ministro del MEP el 1.° de febrero, presentó el Plan de Trabajo Prioritario Estratégico del MEP 2025-2026 la noche del viernes 13 de junio.
Dos días antes, el funcionario conversó con La Nación sobre el documento. Aseguró haberlo elaborado en tres meses y sostuvo que es factible y viable de ejecutar en menos de un año.
“Esa fue una de las variables transversales que yo puse como filtro, a la hora de ir redactando cada uno de los de los ejes con los diferentes equipos, y es que esto se pudiera hacer. No se parte de cero, o sea, no es que no se haya hecho nada”, comentó.
“Si usted me pregunta a mí, ¿qué de lo que está en el plan se puede ejecutar?, yo le digo que todo”, aseveró el economista, quien recalcó la importancia de las alianzas con las universidades públicas y los sindicatos, para poder ejecutar algunos ejes de su documento de trabajo.
Para los exministros Sonia Marta Mora y Leonardo Garnier, así como para la diputada liberacionista Sonia Rojas, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, este plan llega demasiado tarde y es un reconocimiento de los graves problemas que enfrenta el MEP.
“Ciertamente, estamos ya a meses de que termine el gobierno y empiece uno nuevo, por lo que el plan se presenta en forma extremadamente tardía”, señaló Garnier, ministro de Educación en los periodos 2006-2010 y 2010-2014.
“Estos planes siempre se presentan en el primer año de gobierno, de manera que puedan ser incorporados por Mideplán al Plan Nacional de Desarrollo y sirvan de guía a la gestión del MEP, de Hacienda y del resto del gobierno en su interacción con Educación. Ya es muy tarde para eso”, aseveró.
Detalles del plan
El plan de trabajo de Leonardo Sánchez consta de 276 páginas en las que se presentan 11 ejes. En cada uno se describe por qué se hará, el problema central que atiende, qué se va a hacer, cómo lo van a hacer y cómo lo van a medir.
En el documento también se mencionan avances y esfuerzos institucionales para cada eje entre el 2022 y el 2024, no obstante, no se conocen resultados de la mayoría.
El ministro comentó que su plan está dividido en tres temas relacionados con el estudiante, el docente y con el entorno en el que se enseña.
Según Sánchez, los ejes tienen un horizonte de corto plazo y afirma que algunos ya venían trabajándose.
“Para mí es muy importante la última parte de cada eje que es la sección de seguimiento y monitoreo, donde plasmo una ficha con indicadores: yo tengo que decirle a la gente cómo lo voy a hacer, en qué tiempo lo voy a hacer, quién es el responsable y todo eso”, dijo.
El primer eje del plan se llama Fortalecer los aprendizajes esenciales para avanzar, con el que se busca reforzar la lectoescritura y las matemáticas, áreas en las que se han evidenciado grandes rezagos.
En este apartado el plan propone dos grandes terrenos de acción: transformación del trabajo en las aulas y los cambios en la evaluación.
Entre las acciones mencionadas para fortalecer el aprendizaje están asesorar a los docentes en la implementación de la evaluación diagnóstica y formativa de manera tal que la realimentación hacia los alumnos sea efectiva y oportuna.
También se contempla la contratación específica de docentes en áreas con mayores desafíos educativos y la ejecución de un programa de tutorías remotas para estudiantes con rezago en lectoescritura.
Además, el plan delinea cambios en los exámenes nacionales que realiza el MEP, entre los que destacan la aplicación en 2025 de un piloto de evaluación de la competencia escrita, el retorno a la evaluación de cada asignatura por separado y la eliminación del sistema del semáforo que indicaba si un estudiante estaba en nivel avanzado, intermedio o básico.
“En el tema de formación tecnológica vamos a aumentar la cobertura y apoyar a los estudiantes con herramientas, llámese recursos tecnológicos, computadoras, tabletas, el internet y las redes. Eso es fundamental”, dijo.
El plan implica la contratación de 150 nuevos docentes de formación tecnológica. Como ha informado La Nación, actualmente 2.477 escuelas y colegios no tienen profesores de esta asignatura y a noviembre del 2024, 193 instituciones no tenían computadoras.
También plantea la necesidad de promover el desarrollo profesional de maestros y profesores de otras asignaturas para mejorar el uso de la tecnología en la todas las áreas de enseñanza.
El jerarca asegura que tanto las computadoras de la FOD como las adquiridas con dinero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), se han estado distribuyendo, aunque no se conoce si los centros a los que se han enviado son los que no contaban con equipos.
Repartir las máquinas que estuvieron largo tiempo apiladas en cajas dentro de bodegas o las direcciones de escuelas y colegios es importante para asegurar el cumplimiento de varios objetivos relacionados al acceso a tecnología.
Colegios técnicos e idiomas
En el campo de los colegios técnicos, el plan de Sánchez propone ampliar la participación de estudiantes en la modalidad de educación dual en un 30%, promover certificación de competencias en áreas técnicas de alta empleabilidad para al menos 100 estudiantes, modernizar el equipamiento en áreas como electrónica e incluir pólizas de aseguramiento para 40.000 estudiantes en prácticas y pasantías.
Para mejorar la enseñanza de otros idiomas, el MEP forja una alianza con la Universidad de Costa Rica (UCR) mediante la cual se pretende aplicar una evaluación diagnóstica nacional de competencias lingüísticas para los docentes de inglés y ejecutar un programa flexible de nivelación para, al menos, 1.000 profesores y maestros.
El trabajo conjunto con la UCR además se extendería a la aplicación de una prueba muestral estandarizada del inglés para estudiantes de primaria, y francés e italiano para los de secundaria. Estas medirían la comprensión auditiva, la lectura, así como producción oral y escrita para generar un diagnóstico que guíe las políticas públicas.
En el eje de educación para adultos se contemplan nuevos planes para que quienes aún no tienen el bachillerato continúen sacándolo mediante la alianza con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la segunda fase del programa Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento (BEE 2.0), que se enfocará en personas mayores de 25 años que han aprobado noveno pero no se han graduado.
El plan traza la meta de graduar en 2025 a 5.000 personas en el formato original del programa BEE, pero el número crece a 20.000 para 2026 en la versión BEE 2.0.
Atención de infraestructura
En el terreno de mejoramiento de la infraestructura, el plan reseña un ambicioso listado de 200 proyectos con diferentes etapas desde formulación hasta adjudicación en las siete provincias del país. El paquete representaría una inversión de $250 millones, según el documento oficial del MEP.
Otro grupo de nueve obras se concretarían mediante alianzas estratégicas firmadas con la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Estas se ubicarán en zonas rurales, costeras e indígenas y representan una inversión conjunta de ¢14.000 millones.
Por otra parte, el plan destina ¢40.000 millones para la atención de órdenes sanitarias activas, con lo cual se atenderían el 25% de las órdenes vigentes.
En el plano de seguridad, se plantea la implementación de Planes Integrales de Seguridad Escolar para abordar la violencia interna en los centros de educación, la inseguridad en el entorno de escuelas y colegios, así como la gestión de situaciones de emergencia.
Otros ejes del plan comprenden esfuerzos para que los niños y niñas que asisten a la red de cuido empiecen a recibir educación entre los 0 y 4 años; la ampliación de la cobertura del programa de Transporte Estudiantil de 155.000 beneficiarios actualmente a 167.000, programas de equidad y fortalecimiento docente.
El ministro comentó que esta hoja de ruta de 11 ejes está conectada con el presupuesto del 2026. Según el anteproyecto aspiran a recibir ¢2,7 billones; este monto incluye el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
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Contra el tiempo
El plan, a solo días de haber visto la luz pública, ya enfrenta señalamientos especialmente relacionados con el poco tiempo que le queda a la actual administración para implementarlo.
Sonia Marta Mora, ministra de Educación en el periodo 2014-2018, expresó que esta propuesta llega tan tarde que las autoridades “no tendrán tiempo para realizar con la rigurosidad exigida diversas pruebas piloto, incluir eventuales ajustes y asegurar una implantación responsable que logre ser asumida por la comunidad educativa en su conjunto”.
“El tiempo perdido en estos tres años es irrecuperable para miles de niños y adolescentes, que verán afectadas sus posibilidades de desarrollo educativo”.
— Sonia Marta Mora, exministra de Educación.
Para la diputada Sonia Rojas, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el Plan de Trabajo Prioritario Estratégico del ministro Sánchez, confirma lo que han denunciado desde el inicio de esta administración.
“Es la ausencia de una política educativa seria, articulada y con visión de largo plazo. Lo que hoy presenta el MEP es un intento desesperado por corregir el abandono en el que han tenido al sistema educativo durante tres años, conducido por la exministra Anna Katharina Müller, pero que, lamentablemente, llega demasiado tarde”, sentenció.
La Nación consultó a la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) su opinión con respecto al plan; sin embargo, se informó que actualmente la Junta Directiva está analizándolo.
Por su parte, el ministro Sánchez defendió el documento.
“No se trata solo de una obligación administrativa, sino de un compromiso con la comunidad educativa en el marco de la transparencia, la planificación y el bienestar de quienes aprenden y enseñan en nuestras aulas”, concluyó.
